Top Ad 728x90

7 de octubre de 2014

Otro par de micos

La mentada reforma política traerá tantos orangutanes como la fallida a la justicia. Esta semana nos anunciaron otro colosal: la unificación de los períodos de alcaldes y gobernadores y el del Presidente de la República.

Santos y Vargas Lleras
Por Rafael Nieto Loaiza

La mentada reforma política traerá tantos orangutanes como la fallida a la justicia. Esta semana nos anunciaron otro colosal: la unificación de los períodos de alcaldes y gobernadores y el del Presidente de la República.

La unificación la quieren hacer, vaya paradoja, contra el principio con el que supuestamente se construyó la propuesta de reforma del Gobierno: la no reelección (por cierto, si se trataba de restablecer el equilibrio de poderes que se alteró con la reelección inmediata, hubiera bastado con eliminarla. Y punto).

Ahora quieren permitir la reelección de los mandatarios locales para que puedan terminar su período en el 2018, como Santos. El hedor que despide la iniciativa es insoportable. No busca la mejor solución institucional para el país, lo útil para mejorar el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos, para tener una mejor democracia, sino retorcer la Constitución para pagar favores políticos a aquellos a los que el Presidente les debe su reelección.

Es sabido que hubo un grupo numeroso de gobernadores y alcaldes que se la jugó toda por Santos en la segunda vuelta, bien porque fue amenazado con retaliaciones desde la Casa de Nariño, bien porque le ofrecieron jugosas contraprestaciones.

Ahora sabemos cuál fue una de las ofertas: permitirles atornillarse a sus cargos varios años más. Todo bajo la apariencia de un certamen electoral que en realidad tendrá poco de democrático: alcaldes y gobernadores harán uso de los presupuestos municipales y departamentales a discreción, untarán los medios de comunicación locales y regionales con publicidad para que los favorezcan, celebrarán contratos con donantes y amigos y se prometerán y darán puestos para asegurar respaldos. El erario, la burocracia y la contratación pública serán un festín. El parecido con Santos no es coincidencia.

Finalmente dirán, y con razón, que si lo hizo el Presidente, ¿por qué no habrían de hacerlo ellos? Así como las ventajas del presidente-candidato son casi insuperables en un Estado con nuestra debilucha institucionalidad, así lo serán, y aun mayores, las de los gobernadores y alcaldes candidatos. Los pocos controles nacionales son más débiles o inexistentes en las regiones y municipios.

Habría que recordar que, en todo caso, en Colombia se han tenido períodos diferentes de presidente y gobernadores y alcaldes para, por un lado, darles autonomía y evitar la excesiva influencia presidencial en sus elecciones y, por el otro, hacerle contrapeso a la Casa de Nariño y fomentar el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que no sean opacados por la sombra de los candidatos presidenciales.

Otro simio descomunal está en los llamados senadores regionales, que serían once, en los departamentos de los antiguos territorios nacionales. La propuesta parte del error de suponer que la representación política es siempre territorial y que, por tanto, hay que buscar espacio para que todos los departamentos tengan representación en el Senado. Olvida que, uno, esa función de representación territorial se cumple en la Cámara de Representantes y no en el Senado y esa es precisamente una de las dos razones de la existencia del bicameralismo en nuestro país (la otra es el control mutuo en la función legislativa entre ambas cámaras); dos, que un senador aunque tenga mayoría de votos en un departamento puede representar a otros donde su votación sea menor; y tres, que lo que se busca con una circunscripción nacional como la del Senado es precisamente la representación de lo nacional y no de lo territorial.

La propuesta, además, es antidemocrática porque da una excesiva representación en el Senado a comunidades de población exigua, de manera que pueden tener senador con apenas tres mil o cinco mil votos cuando en el resto del país se requieren ciento cincuenta mil o más.

Pero el Gobierno lo sabe bien. Y le tiene sin cuidado, porque acá, como con el voto obligatorio, lo que importa es La Habana: lo que se busca es que las Farc aumenten su eventual representación en el Congreso. No es coincidencia que su mayor influencia esté, precisamente, en los antiguos territorios nacionales.

El Colombiano, Medellín, octubre 5 de 2014.

Top Ad 728x90