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27 de agosto de 2014

El Sapo Envenenado

Los ciclos y las rondas en las conversaciones que se desarrollan en la Habana, Cuba con el grupo terrorista de las FARC se inician y se concluyen con máxime prontitud, pero el fantasma de la impunidad ante los crímenes cometidos por las FARC no desaparece a pesar del supuesto avance en la mesa de negociación.

Caguán
Por Juan Urrea

Los ciclos y las rondas en las conversaciones que se desarrollan en la Habana, Cuba con el grupo terrorista de las FARC se inician y se concluyen con máxime prontitud, pero el fantasma de la impunidad ante los crímenes cometidos por las FARC no desaparece a pesar del supuesto avance en la mesa de negociación. El primer juicio de la Corte Penal Internacional dejó como conclusión que a partir de éste, la premisa mayor era que todo crimen tiene cárcel. 

La oposición que ha generado el présidente Álvaro Uribe y su bancada en el Congreso de la República por algunos intelectuales ha sido juzgada como incoherente ante su apoyo en la década del 90 al indulto al M-19; Uribe por su parte ha alegado que dicha actuación fue de mal ejemplo para las nuevas generaciones, pero hay algo más. 

Cuando Andrés Pastrana ostentaba el cargo de primer mandatario y su gobierno giraba en procura de buenos resultados en la mesa del Caguan con las FARC, suscribió el Pacto de Roma, con una salvedad, la no entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional ante crímenes de lesa humanidad, genocidio y de guerra con motivo de los procesos de paz que se desarrollaban y a futuro existirían; la salvedad no fue ilimitada, se fijó un término de 8 años que vencieron el 1 de noviembre de 2009. Esto es, los delitos que se cometieron desde esa fecha por grupos criminales como las FARC entran en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y los márgenes de justicia transicional no podrían contemplar la idea de perdón y olvido como amnistías, indultos y/o excarcelación. 

Ha debido ser la comunidad Internacional quien vele por el cumplimiento del Derecho internacional humanitario y la supremacía de la dignidad humana, el respaldo de los países extranjeros ha debido estar supeditada a la cesación de las plantaciones de minas antipersonal y el reclutamiento de niños. ¿Por qué? ¿Por torpedear el proceso que dirige Santos y sus aliados del ALBA? No, porque fue la Corte Penal Internacional la que condenó a Thomas Lubanga por el crimen de guerra de reclutamiento de niños, reclutamiento que en nada se diferencia con los que ordenan alias Iván Márquez y Timochenko. El caso Thomas Lubanga es jurisprudencia para Colombia, y ejemplo para la, comunidad. Hoy por hoy los, crímenes no se juzgan bajo la figura del usurpador vencido sino bajo el pleno respeto de los derechos humanos. 

Es por esto que es irracional y desconocedor del derecho internacional proponer curules en el congreso y limpieza de parques para los miembros del grupo terrorista de las FARC que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hablar de un Sapo tragable por la consecución de una firma que traería la sublime gloria se vuelve una utopía cuando el sapo está envenenado.


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