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21 de enero de 2014

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Petro es un peligro para la institucionalidad

La Procuraduría , por iniciativa de varios quejosos y después de agotar el debido proceso disciplinario, sancionó al Alcalde de Bogotá con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años.

Gustavo Petro
Por Jesús Maria Vallejo

La Procuraduría , por iniciativa de varios quejosos y después de agotar el debido proceso disciplinario, sancionó al Alcalde de Bogotá con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años.

La decisión inicial se hizo constar en un documento de más de 400 páginas que probablemente muy pocos de sus críticos se han tomado el trabajo de leer.
De acuerdo con publicaciones de prensa, el ente disciplinario encontró que Petro incurrió en varias faltas gravísimas que ameritaban tan drásticas sanciones, al tenor del Código Disciplinario Único que puede consultarse aquí:

Lo resuelto es susceptible de controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, que es competente para definir si la Procuraduría goza de atribuciones para investigar y sancionar a un alcalde de Bogotá, si los hechos que se imputan a Petro sucedieron efectivamente, si los mismos entrañan violación del ordenamiento jurídico, si su gravedad en caso afirmativo es de tal magnitud que justifica las dos sanciones impuestas, si los 15 años de inhabilitación se ajustan a la dosimetría legal y si el proceso se adelantó de acuerdo con las reglas pertinentes.
Aceptando, en gracia de discusión, que la acción ante lo contencioso administrativo no es una vía inmediatamente eficaz para proteger los derechos de Petro, queda como recurso subsidiario la acción de tutela, mediante la cual es posible cuestionar desde el punto de vista de la normatividad de los derechos fundamentales si hubo en la actuación de la Procuraduría violación del debido proceso.
Y en caso de que los funcionarios que adoptaron las decisiones controvertidas hubieran incurrido en delitos, como el prevaricato u otros, habría lugar además a ejercer contra ellos las acciones disciplinarias y penales previstas por el ordenamiento superior de la Constitución y las leyes.

Desde luego que alrededor de todo esto no solo caben las discusiones estrictamente jurídicas, sino también otras de carácter político acerca de si conviene a los intereses de la sociedad que la Procuraduría tenga estos poderes o del modo como sería preferible que los ejerciera.

El alcalde Petro, no pocos políticos y bastantes informadores o comentaristas de los medios han preferido desviar el debate, tratando de crear un clima de opinión hostil al Procurador General de la Nación, de tender cortinas de humo bastante viciadas acerca de los datos fundamentales del asunto y de imponerle al público una visión simplista de los mismos.

Es mucho lo que podría decirse sobre infundios, tonterías o sofismas que han hecho carrera para poner en tela de juicio la acción de la Procuraduría.

No entraré en detalles, pues lo que me interesa es señalar cómo esas reacciones ponen de manifiesto una estrategia de más hondo calado que se vincula con la creación de condiciones favorables a la promoción de una acción revolucionaria en Colombia.

Es evidente que el procurador Ordóñez representa un enorme obstáculo para los planes de Petro y sus conmilitones, no solo por sus convicciones religiosas y su identidad política, sino por la firmeza de su carácter. Entonces, el primer paso del proyecto desinstitucionalizador consiste en deslegitimarlo, intimidarlo y, de ser posible, sacarlo del camino.

Los discursos de Petro, la movilización popular que está convocando, las injurias y calumnias proferidas en contra del Procurador, las amenazas veladas del fiscal Montealegre, la agitación pública, la manipulación de las acciones de tutela y hasta la presión ejercida el viernes pasado sobre el presidente Santos para exigirle la toma de partido, tienen ante todo el propósito de impedir que lo decidido por la Procuraduría tenga cumplido efecto.

Petro obstaculiza la destitución y la inabilidad que se le impuso, porque dentro de la lógica revolucionaria que lo inspira la entrega del segundo cargo político en importancia dentro de nuestra organización política constituiría un grave retroceso para sus proyectos. La alcaldía de la capital es una conquista que la extrema izquierda que él representa no está dispuesta a entregar por obra de formulismos legales que ella no respeta. Luchará hasta lo último por mantenerse en el cargo.
La acción que ha emprendido va más allá, pues desde hace varios meses ha venido amenazando con la movilización popular, que hace parte de la última etapa del Plan Estratégico de las Farc.

Lo que Petro está haciendo es un ensayo que sienta precedentes para futuras acciones de desconocimiento del orden institucional.
Por ahora les dice a sus seguidores que no acudan a la violencia y en tono pugnaz a más no poder les dice que lo suyo es por la paz, la libertad, la democracia y la “Bogotá humana”, al tiempo que, dentro de una cabal retórica revolucionaria, apostrofa a la que llama la “oligarquía fascista” de la que, según dice, el Procurador es apenas un instrumento.

Esa burda simplificación, que no es otra cosa que lo que los marxistas de mediado del siglo pasado llamaban una “mistificación”, tiende a agudizar la diálectica “amigo-enemigo” que sataniza a este último y crea un clima emocional que en cualquier momento podría degenerar en acciones violentas imposibles de controlar por las autoridades.

Un muy querido amigo me recomendó en estos días el libro de Curzio Malaparte sobre “Técnicas del Golpe de Estado”, que cobra gran actualidad en estos momentos de la vida colombiana. Buscando información en Google, encontré un interesante escrito titulado “La Movilización Política” que viene como anillo al dedo en torno del tema que estoy examinando. Se lo puede leer a través del siguiente enlace:http://www.nucleosoa.org/Documentosnoa/documentos/LaMovilizacionPolitica/La%20movilizacion%20politica.html
Su tesis central se resume así:"las revoluciones se basan en la acción de minorías políticas que crean las condiciones que permiten las movilizaciones, en un proceso complejo y hasta cierto punto aleatorio, cuya explicación ha quedado oscurecida o mistificada por las ideologías.”
El artículo destaca el papel que juegan las representaciones colectivas, que constituyen el famoso “imaginario” de los sociólogos contemporáneos, en el proceso revolucionario.

Ese “imaginario” se construye principalmente a través de la acción de intelectuales y activistas que a través sobre todo de la prensa generan opiniones que muchas veces son más fuertes que las ideologías.
Es lo que Petro, ayudado por los medios que están más en poder de los profesionales de la comunicación que de sus dueños y directores, se propone crear: un “imaginario” de constructores populares de la paz que se ve injustemente agredido por los enemigos solapados de tan legítima aspiración de los colombianos.

Por eso alega que la Procuraduría atenta contra la paz y pone en peligro el proceso de diálogos en la Habana. Y por eso cuenta con la solidaridad de los narcoterroristas de las Farc, que instan al gobierno para que torpedee la acción de la Procuraduría.

De ese modo, un funcionario que ha ejercido su cargo haciendo gala de la más atrevida arbitrariedad y de su abierto desafío al orden legal, al que sigue trasgrediendo con sus injurias y calumnias contra el Procurador y su llamado a la movilización popular en favor suyo, pasa a ser visto como víctima de una oscura y proditoria conspiración oligárquica y reaccionaria.

Convenciendo a la masa popular de que es un perseguido por sus opiniones y ejecutorias en favor de los humildes, crea en ella la idea de que lo que se está cometiendo con él es una injusticia que tendría que impedirse mediante la acción de las muchedumbres.

El sainete de Petro no ha terminado. Lo más probable es que, de continuar como va, derive en un drama que podría costar vidas, daños materiales y, de todos modos, un deterioro mortal de la institucionalidad que nos rige.

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