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16 de enero de 2014

Enrevesado proceso de destitución

Contra lo esperado, por encima de las agrias disensiones se han precipitado los acontecimientos con impresionante rapidez en relación con la sanción del alcalde Gustavo Petro Urrego.

Gustavo Petro
Por Abdón Espinosa Valderrama

Contra lo esperado, por encima de las agrias disensiones se han precipitado los acontecimientos con impresionante rapidez en relación con la sanción del alcalde Gustavo Petro Urrego.

El lunes 13 de enero, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, confirma su destitución y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por quince años. El martes 14, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María Armenta, en prolija y minuciosa providencia, sesgadamente documentada, congela dicho fallo y ordena al jefe del Estado, ni más ni menos, abstenerse de darle cumplimiento mientras se decide de fondo el recurso interpuesto por un contratista del Distrito.

Hasta ahora, era entendido que las sentencias de la Corte Constitucional sentaban doctrina en materia de tutela y de las demás de su órbita. Pero estamos viendo cómo un magistrado sostiene abiertamente lo contrario y trata de comprometer a la institución de que hace parte.

El punto neurálgico radica en el desconocimiento de la facultad del Procurador General de la Nación de ejercer vigilancia y poder disciplinario sobre quienes desempeñen funciones públicas, “inclusive las de elección popular”, según reza el texto de la Constitución Política de Colombia. No obstante haber sido disposición refrendada por la Corte Constitucional, se aduce que no cobija a alcaldes, gobernadores y congresistas, con lo cual se le sustraería a la norma uno de sus aspectos esenciales y, en esta forma, se crearían numerosas ínsulas, soberanas e intocables.

Pero en democracia estamos y todos los criterios son susceptibles de exponerse, con la advertencia de que existe una autoridad llamada a sopesarlos y a emitir juicio sobre su validez institucional y su operatividad práctica. Obviamente, cuantos se sientan lesionados tienen perfecto derecho a su defensa y a buscar alternativas en su favor.

Por lo pronto, el alcalde Petro Urrego se ha asido a dos tablas de salvación: las tutelas a montón y la apelación a los organismos interamericanos. Si ninguna de ellas prosperara, al menos le servirían para ganar tiempo y dilatar la efectividad de las sanciones hasta cuando llegara la hora del referendo popular, implícito en el recurso de revocatoria popular de su mandato.

El caso del Alcalde de Bogotá resulta dramático por haber estado precedida su actual investidura de lúcida campaña parlamentaria contra la corrupción entonces reinante en el Distrito. Muchos nos ilusionamos con que su acceso al poder metropolitano estuviera signado por similar eficacia y competencia. Infortunadamente, pronto nos decepcionó por su impericia administrativa y su incapacidad de formar un equipo idóneo y estable. Por sus palos de ciego.

Le faltó lo que explica buena parte de los éxitos de los buenos gobernantes franceses: el aprendizaje de los elementos fundamentales de la Administración Pública. De ahí el fiasco de su gestión y la perplejidad, inconformidad e inquietud de sus conciudadanos. Otra cosa es que sigamos considerando desproporcionada su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por supuesto, la sanción lo ha ofuscado e inducido a buscar vías desesperadas de escape. Como la de la movilización permanente de las masas ciudadanas para hacer en las calles una especie de asamblea constituyente a todas luces subversiva o como la evocación sibilina de su apodo en el M-19, así como de los hechos presumiblemente fuera de orden por los cuales fue amnistiado. Más le valdría perseverar en dejar atrás esos episodios sombríos y circunscribirse a la explicación y defensa de sus actuaciones, pensando por sobre todo en los destinos de Bogotá, sin perjuicio de velar por los personales suyos.


EL TIEMPO, 16/01/2014


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