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2 de diciembre de 2013

Los autogoles de Humberto de la Calle

Hace casi un mes que las “partes” negociadoras entregaron a la prensa un documento firmado en La Habana bajo el título de “acuerdo sobre participación en política”

Humberto de la Calle | Copolitica
Por Eduardo Mackenzie

Hace casi un mes que las “partes” negociadoras entregaron a la prensa un documento firmado en La Habana bajo el título de “acuerdo sobre participación en política”. El debate sobre ese texto que el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc dicen haber suscrito, no parece decaer. Todo lo contrario. La discusión continúa. Y eso está muy bien. Ese fenómeno muestra, en mi opinión, dos cosas: 1. La viva preocupación que genera en la opinión pública ese “segundo acuerdo” entre Santos y el narco-terrorismo, y 2. La gran confusión que ese documento está llamado a crear.

Al comienzo, unos observadores afirmaron que ese papel contenía reformas que podrían ser benéficas para el país. Otros estimaron que sólo era palabrería vacía, que allí “no había nada nuevo”. Terceros repusieron, con más razón, que era un acuerdo inaceptable. En estos días, la tendencia es hacia una posición intermedia: que los alcances de ese texto son “inciertos” y “confusos”.

No estoy muy de acuerdo con esta última opinión.

Si bien la redacción de ese texto es deliberadamente obscura, la línea que lo guía es clara. Habría que hacer la distinción entre la forma y el contenido. La forma, en este caso, es esquiva y taimada. Es un escrito cifrado y mamerto, pero el fondo es límpido.

Algunos analistas se han llenado de ilusiones. Luis Fernando Álvarez (El Colombiano, 29 de noviembre de 2013) estima que lo que allí está esbozado “reitera una serie de propósitos” de la Constitución de 1991. Error. Ese “acuerdo”, por el contrario, rompe con la actual Constitución y confirma que lo que se viene es un ataque frontal contra la democracia representativa.

Veamos los puntos más alucinantes de ese “acuerdo”.

1. Ese texto busca minar el poder legislativo colombiano. La Cámara de Representantes ya no será la expresión del voto de los ciudadanos. Con la creación eventual de unas “circunscripciones transitorias especiales de paz” habrá una serie de curules (el número sigue oculto hasta hoy) que serán otorgadas no por los electores sino por el Gobierno, o por las mismas Farc. Ello es contrario a las normas constitucionales de Colombia y de toda democracia. Designados a dedo, esos escaños desnaturalizarán el Congreso. El pretexto invocado para hacer eso es que ciertas poblaciones (precisamente de las zonas más atormentadas por las Farc) “tengan una representación especial de sus intereses”. Embuste. Si ellas no lo están es por las presiones violentas de las Farc, no porque el sistema lo impida. A las Farc jamás les interesó la democracia representativa, ni la gente ni su representación parlamentaria. Esta vez hablan de eso para abusar de la buena fe del país y llegar al Parlamento de manera espuria.

Ese intento de minar el Congreso colombiano encaja con las turbias maniobras del castro-chavismo en América Latina destinadas a convertir en todas partes el poder legislativo en un apéndice servil del poder ejecutivo. Es lo que Chávez llamaba “el nuevo constitucionalismo”.

2. La libertad de empresa y la economía de mercado serán entrabadas mediante unos aparatos que quieren crear. La empresa privada y hasta los planes de desarrollo del país quedarán bajo la tutela de unos organismos inventados. En el documento los llaman “consejos territoriales de planeación”. Santos había dicho que las negociaciones con las Farc no tocarían la economía. Era otra mentira.

3. Las Farc quieren que Colombia haga una “revisión integral” de su sistema electoral y que adopte el voto electrónico, que fue el que, precisamente, le sirvió a Hugo Chávez para hacer 14 veces fraude electoral e imponerse como el dueño de las mayorías venezolanas. El “acuerdo” exige eso y hasta anuncia que una comisión de “expertos” vendrá a Colombia a realizar esa revisión. Sabemos que esos “expertos” son los mismos que ayudaron a Chávez a montar el dispositivo que arrasó con la legalidad electoral en Venezuela.

4. Según ese texto, las Farc podrán censurar y brutalizar judicialmente a sus críticos. El documento impulsa la creación de un nuevo tipo penal: el delito de “estigmatización”. Quien critique a las Farc y a las dictaduras que las apoyan, podrá ser acusado de “atentar contra la convivencia” y contra la “cultura de reconciliación”. El documento pretende que los colombianos tengamos, de ahora en adelante, un “lenguaje” y un “comportamiento” aceptable para los jefes farianos. Quien se salga de allí será objeto, promete el documento, de “medidas”. Se puede suponer que éstas serán multas, ilegalizaciones y cárcel.

5. El documento prevé la creación de una serie de organismos de justicia paralela (algo totalmente anti constitucional) bajo el disfraz de unos “consejos para la reconciliación y la convivencia” que tendrán jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Y no hablemos de otros organismos misteriosos del mismo alcance, con funciones bien particulares, que quieren crear, como los “consejos”, los “espacios”, las “veedurías ciudadanas” y los “observatorios de transparencia”. Todos son organismos de control totalitario de una minoría sobre las mayorías colombianas. No hay que dejarse abusar por términos melosos como “ciudadanos” o “transparencia”.

6. El documento desconfía de los funcionarios públicos. Ese texto los llama “ciudadanos de la administración y [de] la gestión pública”. Exige que se ejerza sobre ellos “un mayor control”, dizque para luchar por la “transparencia” y contra la “corrupción”. La banda criminal que durante 50 años, además de utilizar todo tipo de violencias contra el pueblo, ha robado, extorsionado y corrompido todo lo que encuentra, quiere blanquearse con esto de la lucha contra la “corrupción”. ¿Hacia dónde apunta eso? ¿Es el anuncio de una purga estaliniana contra los funcionarios que no apoyan a las Farc?

7. El “acuerdo” firmado por los negociadores de Santos, prevé hasta la conformación de grupos armados para encargarse de la “seguridad” y de la “protección” de los jefes terroristas que quedarán en libertad. Es lo que el documento describe como un “sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política”.

8. El texto subraya que las Farc quieren cambiar la actual ley de partidos políticos. Dice que “una comisión” redactará un “estatuto de garantías para los partidos” que las Farc crearán. En Colombia el único poder que está habilitado para discutir y votar sobre los derechos y deberes de los partidos es el Congreso, no una comisión privada.

9. El acuerdo “implica la dejación de las armas”. Es decir que las Farc no las entregarán sino que las ocultarán, así como a sus combatientes, durante un tiempo, hasta que decidan volver a su oficio de matar colombianos, si “el proceso” no les gusta.

10. Lo mejor del cuento es que todas estas lindezas serán aplicadas no en la fase de “la paz”, del llamado post-conflicto, sino en la actual fase de guerra fariana contra el Estado y contra la sociedad. El “segundo acuerdo” de La Habana lo dice muy claro: todos estos cambios se harán “en el marco del fin del conflicto”, o “en el escenario del fin del conflicto”. Esa fórmula aparece cinco veces en el documento. Eso quiere decir que las Farc, con la anuencia de Santos, podrán desfigurar de manera profunda las instituciones y la economía del país, y podrán entrar a controlar, por la vía de “comisiones”, “consejos”, y otros organismos “sociales”, la vida político-económica de Colombia antes del fin de la guerra subversiva.

¿Cómo Humberto de la Calle y sus brillantes asesores se dejaron meter semejantes goles? La única explicación es esta: se los dejaron meter no porque sean tontos sino porque están de acuerdo con eso. Y están de acuerdo pues los convencieron de que en Colombia no hay democracia, ni participación política, porque las Farc están al margen de ese mundo. Lo que hace que las instituciones colombianas sean “ilegítimas” y deban ser “legitimadas” con la llegada a éstas de unas Farc no desarmadas ni arrepentidas del dolor y del daño causado a Colombia. Ese era el análisis de la gente de Moscú, desde el comienzo de la Guerra Fría. Con ese esquema desataron el terror y la devastación en nuestro país. Los “negociadores” de Santos no vieron eso ni por las curvas. ¿Con ellos la democracia actual va hacia dónde?

Primero Colombia 01/12/2013



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