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16 de diciembre de 2013

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Cuestión de Estado

Procuraduria y Petro | Copolitica
Por Rafael Nieto Loaiza

¿Por qué Petro y la izquierda de aquí y de afuera han decidido enfilar sus baterías contra la Procuraduría y sus facultades y no contra el fallo que ordena su destitución? Hasta hoy Petro no ha querido notificarse de la decisión. En consecuencia, no conoce su contenido ni puede controvertir su fundamentación. Pero sabe que la decisión está ajustada a derecho y que, por tanto, esa batalla está perdida.

Lo sabe porque:

 a) antes de que tomara las decisiones sobre las basuras que dan lugar a la sanción, fue advertido por la Procuraduría, en distintas ocasiones, acerca de las razones jurídicas para que no transitara esa vía. Ese conocimiento previo de la ilegalidad de su actuación es lo que permite calificarla como dolosa;

b) tiene plena conciencia de que las facultades del Procurador para destituir a funcionarios elegidos popularmente son constitucionales. Primero, porque él mismo testificó en la Procuraduría contra Iván Moreno, senador, y porque antes como parlamentario había pedido en distintas ocasiones la destitución de funcionarios electos. De manera que la facultad del Procurador de destituir funcionarios elegidos no solamente no es una sorpresa para Petro sino que él mismo ha participado en procesos con ese fin. Su actitud de hoy no es sino profundo cinismo.

Después, porque todas las dudas acerca de la competencia del Procurador en la materia fueron aclaradas nada menos que por la Corte Constitucional que, en decisión sobre Piedad, ratificó la constitucionalidad de esa facultad.

Así las cosas, Petro optó por politizar la discusión, sacarla del ámbito jurídico, y atacar al Procurador, a la Procuraduría y sus facultades. Para eso ha acudido desde a movilizaciones sociales dirigidas a presionar el desconocimiento del fallo (¿habrá quién revise si fueron pagadas con plata del erario público o Petro ha conseguido asustar a todos?) hasta obtener presiones de burócratas de organismos internacionales. De Petro, está visto, puede esperarse cualquier cosa. Sorprenden, sin embargo, las actitudes de otros.

La actuación del delegado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es penosa. ¿Por qué no dijo nada cuando el Procurador destituyó a Alonso Salazar, alcalde de Medellín, a Fernando Vargas, de Bucaramanga, o a Cielo González, gobernadora del Huila? Ordóñez ha destituido e inhabilitado 802 alcaldes, 18 gobernadores, 23 parlamentarios. Súmese los destituidos e inhabilitados desde 1991 por anteriores procuradores. ¡Y solo ahora el señor Howland se queja!

El Fiscal también ha patinado acá. Para empezar, porque Montealegre mismo fue viceprocurador y procurador encargado. ¿Por qué las funciones y poderes que ejerció durante su cargo eran buenas entonces y ahora son “medievales, inquisitivas y secretas”, según sus palabras? Después, porque hace una visita de inspección al despacho del Procurador alegando que se realiza en el marco de una investigación penal contra Petro, puesto que no hay denuncia contra Ordóñez, pero no ha hecho esa misma visita al despacho del Alcalde ni a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, que son los investigados. La cosa se ve como retaliación contra el Procurador, con quien ha tenido diferencias, o como apoyo a Petro. Ninguna de las dos tiene buena apariencia.

Para rematar, porque pareciera que no está midiendo las consecuencias de coadyuvar la propuesta de revisar las facultades de destitución e inhabilitación de funcionarios públicos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se toma literalmente, la Corte sostiene que no se pueden restringir derechos políticos sino por una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Si así son las cosas, no solo se acabaría la competencia de la Procuraduría, sino también la de la Controlaría y, como si no bastara, la del contencioso administrativo. ¡Adiós pérdida de investidura! ¡Y preparen indemnizaciones a los destituidos y el reintegro a sus cargos!

A estas alturas el problema dejó de ser del Procurador y es ya cuestión de Estado. ¿Habrá alguien en Palacio de Nariño y en las altas cortes que se dé cuenta?.

El Colombiano, 15/12/2013

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