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19 de noviembre de 2013

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Sin lugar para el asombro

Me sorprende la sorpresa de colegas y líderes políticos ante la revelación del Gobierno de los planes asesinos de las Farc contra el expresidente Álvaro Uribe y el fiscal Luis Eduardo Montealegre

Farc | Copolitica
Por Mauricio Vargas

Los planes asesinos de las Farc deben indignar, pero no sorprender: matar está en el ADN de sus frentes.

Me sorprende la sorpresa de colegas y líderes políticos ante la revelación del Gobierno de los planes asesinos de las Farc contra el expresidente Álvaro Uribe y el fiscal Luis Eduardo Montealegre. ¿Por qué sorprenderse de que el grupo terrorista, que lleva 50 años matando, tenga planes de matar? Dirán los sorprendidos que porque hay una negociación de paz en curso en La Habana.

También había una hace 15 años cuando el despeje del Caguán, al que las Farc prometieron convertir en territorio de paz y donde se dedicaron a entrenar tropas, planear atentados, mantener secuestrados, robar tierras, reclutar menores y narcotraficar. Algunos de los líderes de esas Farc, como ‘Jojoy’, ‘Cano’ y ‘Tirofijo’, ya no están en este mundo. Pero siguen al mando quienes lo compartían entonces, como ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’.

Está también el debate sobre la validez de las informaciones oficiales de estos atentados. Llevo 30 años escuchando discusiones similares. En 1984, en La Uribe, las Farc se comprometieron con el gobierno de Belisario Betancur a dejar el secuestro. Y cada vez que alguien denunciaba un plagio de esos terroristas era declarado enemigo de la paz. En tiempos del Caguán pasaba lo mismo: una familia destrozada contaba que ‘Jojoy’ les había robado su finca allí, y quien replicaba la historia era etiquetado como enemigo de la paz.

Además de matar, las Farc se han especializado en mentir: así como negaban los secuestros que cometían en los 80, negaron haber llevado a cabo el atentado contra El Nogal, en el 2003, y quedó comprobado que sí lo habían hecho. Negaron haber puesto en el 2010 la bomba contra Caracol Radio, y la justicia demostró que sí lo habían hecho. Aún hoy niegan tener secuestrados, y tienen. Y niegan narcotraficar, y narcotrafican.

Han cambiado las circunstancias para una negociación, es cierto. Desde que terminó el despeje del Caguán, las Farc han recibido una paliza militar tras otra, tanto durante la administración Uribe como bajo el mandato de Juan Manuel Santos. Y es probable que eso haya convencido a muchos de sus líderes de que, si no firman la paz en los meses venideros, morirán en un bombardeo en las selvas o tendrán que permanecer escondidos en La Habana o Caracas, donde quién sabe por cuánto tiempo los seguirán protegiendo.

Pero una cosa piensan esos dirigentes en La Habana y otra muy distinta los frentes de las Farc más comprometidos con la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, actividades que los han enriquecido a tal punto que resulta inimaginable que las vayan a abandonar solo porque unos jefes que toman whisky en Caracas y pasean en catamarán en aguas cubanas, y que hace rato no combaten, se lo vayan a ordenar.

Si lo de La Habana sale razonablemente bien –ojalá que así sea–, el país debe quedar notificado: a la desmovilización le darán la espalda columnas como la ‘Teófilo Forero’, mandada por un reconocido narcotraficante y sicario, y varios frentes más en Caquetá, Putumayo, Nariño y Cauca. Una circunscripción especial para salir elegidos a la Cámara no los va a convencer de dejar sus lucrativos negocios criminales.

¿Vale la pena seguir en la mesa de La Habana? Sí, en la medida en que el Gobierno –que sabe lo que pasa en la negociación– esté convencido de que habrá una desmovilización importante y –algo no menos útil– el desmonte del letrero de las Farc. Porque una cosa es combatir a un grupo terrorista con mando único y un disfraz político que aún descresta a muchos idiotas útiles, y otra muy distinta barrer una a una a las ‘bacrim’ que quedarán cuando los de Cuba decidan jubilarse. Ayudaría, eso sí, que los aspirantes a jubilados digan, al menos, esta boca es mía sobre los atentados revelados por el propio Gobierno que negocia con ellos.

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