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25 de octubre de 2013

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El presidente Uribe y su discurso en la Convención

El 70% de los ciudadanos tenía optimismo y credibilidad en las instituciones: Uribe

Uribe Velez discurso | Copolitica
Muy estimados compatriotas:

Muchas gracias por aportar su esfuerzo a esta lucha, que solamente vale la pena si contribuye bien a la Patria.

Hace cuatro años había más crítica política al Gobierno, más independencia de medios de comunicación. Había más conflicto político y también menos conflicto social. El 70% de los ciudadanos tenía optimismo y credibilidad en las instituciones.

En los últimos tiempos, mientras los escritos públicos y los comentarios de televisión y radio abandonaban la independencia, silenciaban la crítica y se apertrechaban en la alabanza, los ciudadanos empezaron a estar confusos por la contradicción entre los hechos de inseguridad, que de modo creciente los afectaban, y la imagen opuesta que insistía en dar el Gobierno, empeñado en ocultar el deterioro.

Pero, como debe ser, los hechos terminaron imponiéndose sobre la publicidad. Hoy hay dos sentimientos de opinión: uno de preocupación por el retroceso, y otro, encarnado en esta reunión, de firmeza en la lucha para recuperar el rumbo de la Patria, que iba mejor, con limitaciones y dificultades, pero con claridad en el horizonte.

La Seguridad

Cinco tareas nos esperan para rescatar la seguridad:

Primera tarea: Recordar y restablecer la fe ciudadana en la seguridad como valor democrático y fuente de recursos, y en la paz, como hija de la seguridad y esquiva a la impunidad, que siempre es partera de nuevas violencias;

Segunda tarea: Recuperar la motivación de los soldados y policías de Colombia, que junto con la Constitución y la ciudadanía, son el fundamento en el cual reposa la seguridad. Nuestras Fuerzas Armadas están humilladas, encarceladas y sin esperanza. El Congreso y el Gobierno, con cambio de opinión, repentino e inexplicable de este último, degradaron a nuestros soldados y policías a la condición terrorista de victimarios reales y potenciales. Y los terroristas han sido promovidos al grado de actores de conflicto. El efecto jurídico es perverso y contundente: es igual que el soldado o policía, en cumplimiento del deber, cause la baja del terrorista, o que por acción de éste, sea asesinado. Asesinatos de policías y soldados de Colombia, que a diario se repiten, sin conmover al ejecutivo ni alterar el diálogo de La Habana, cuya única posibilidad de suspensión sería por razones de cálculo electoral, a fin de esconder, hasta más allá de las elecciones, aquellos secretos, que por el temor causado, el Gobierno y sus negociadores, responden con apaciguamiento al terrorismo cínico y desafiante, que amenaza con revelarlos.

La única esperanza que el Gobierno ofrece al efectivo o posible encarcelamiento de nuestras Fuerzas Armadas, es el beneficio de extenderles las normas de impunidad que atraen al terrorismo. Por supuesto que es una afrenta adicional al honor militar y policivo.

Tenemos el deber de promover una solución al encarcelamiento de nuestros soldados y policías. Consideremos la alternativa de una Norma Constitucional que por hechos de servicio o inherentes, ocurridos entre fechas definidas, permita para ellos la libertad condicional, con requisitos para recibir y mantener el beneficio. Además, debería analizarse la posibilidad de un Tribunal transitorio, o de un recurso excepcional, que revise los casos, con la participación de jurados de conciencia, ajenos a sesgos políticos.

Colombia debe evitar que se siga perdiendo la moral de las Fuerzas Armadas, que es el principio del marchitamiento de la confianza que habían ganado de la ciudadanía.

Tercera tarea: Fortalecer la integración entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

Propósito, entre los fundamentales de aquellos ocho años, fue elevar el prestigio de las Fuerzas Armadas, cimentado en la confianza y el afecto popular. Cuatro millones seiscientos mil cooperantes, sin armas y provistos de teléfonos y voluntad de comunicación, se enlistaron para informar a las autoridades uniformadas. Era el vínculo para construir confianza ciudadana y transparencia en la eficacia de la acción armada institucional. El esquema se ha perdido por falta de gerencia, hoy hay temor y, de nuevo, desencanto o desinterés para denunciar.

La cooperación ciudadana con las Fuerzas Armadas fortalece la seguridad institucional, y su ausencia la debilita y abre el camino a la dañina sustitución del Estado que aquí quiso hacer el paramilitarismo, desmontado por nuestro Gobierno, que hoy pretende resurgir como justificación del accionar delictivo de las bandas criminales, Bacrim. Caso delicado para observar es el nacimiento, en algunos estados mexicanos, de grupos de autodefensa, sustitutivos del Estado, que seguramente derivarán en el delito.

Observaba durante nuestros Gobiernos el positivo cambio de actitud ciudadana frente a los soldados y policías, cuando en las carreteras para saludarlos, niños o humildes compatriotas vendedoras de artesanías, con corazón latiente agitaban la bandera.

En efecto, esto era lo contrario de lo sucedido a varias generaciones, que presionadas por ideas políticas, por la universidad y la difusión guerrillera, habían sido indiferentes o miraban a las Fuerzas Armadas incluso con desprecio.

No ha sido fácil construir afecto por los soldados y policías, pero puede ser más difícil reconstruirlo de no actuar a tiempo. El carácter partidista de nuestros ejércitos hasta el final de la Guerra de los Mil Días, en 1902, y de nuestra policía, hasta su unificación y nacionalización en los años 50, dejaron en muchos la huella de confundir la civilidad con la antipatía por las Fuerzas Armadas. Más adelante, cuando la tolerancia devino en permisividad con los terroristas, y estos, en sus diferentes modalidades, tomaron fuerza, un componente grande de la Nación llegó a creer que la institución armada no recobraría la seguridad. Fue muy importante que la fe hubiera nacido, la misma que ahora quisiera perderse y que no lo vamos a permitir.

En cuanto más avanza la tecnología más se facilita la colaboración ciudadana efectiva. El Centro Democrático debe apersonarse que las ciudades y municipios se saturen de cámaras de seguridad de última generación, con control estatal único y proveídas por modalidades de acuerdos con particulares que eviten altos costos fiscales.

Cuarta tarea: Se requiere que el Presidente de la República asuma el liderazgo, la construcción de la visión y el seguimiento diario de la política de seguridad.

El discurso de la paz en desmedro de la seguridad desorienta, también la oferta de impunidad. La orden de combatir al terrorismo se ha neutralizado con la de asumir el asesinato de los soldados y policías como costo normal de las negociaciones de paz. La orden de combatir el narcotráfico se ha derogado con la noticia de que Colombia es el país con mayor porcentaje de universitarios consumidores de cocaína. Esta lamentable noticia es producto del asedio de narcóticos y terrorismo a colegios y universidades, resultante de la falta de autoridad y de la preferencia gubernamental por la legalización de la droga sobre el deber de aplicar la razonable política de la Norma Constitucional de 2009, que ordena llevar al consumidor al hospital o proveerlo con rehabilitación, adelantar arrolladoras políticas de prevención y conducir al narcotraficante o distribuidor a la cárcel.

No se puede seguir abusando del profesionalismo y subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, que hicieron que durante el siglo anterior Colombia se constituyera en el país latinoamericano con menos años de dictadura, cuatro en total, mientras México, segundo en la calificación, tuvo doce años de privación democrática.

Necesitamos un Presidente de Colombia que en lugar de desorientar a las Fuerzas Armadas e igualarlas con el terrorismo, las quiera y dirija.

Quinta tarea: La Patria demanda un Congreso que sin miedo ni vacilación apoye la seguridad como el conducto de la paz; un Congreso, que de manera ágil y periódica, denuncie los hechos de inseguridad y haga control político sobre las acciones para combatirlos, precaverlos y erradicarlos en todo el territorio.

No puede ser que el discurso parlamentario de la paz siga de espaldas a la angustia ciudadana por la violencia.
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La justicia no se puede desvincular de la seguridad, cada una es componente y concausa de la otra; sin la una la otra no se da. Sin seguridad que enfrente 15 mil asesinatos en un país de 47 millones de habitantes no hay justicia que opere. Sin justicia es imposible la derrota del crimen y la garantía de sostenibilidad de la seguridad.

Por regla la justicia colombiana es respetable; administrarla ha sido difícil y también heroico, en no pocas ocasiones, por el poder criminal del terrorismo. Sin embargo, hay problemas que deben corregirse.

La independencia de la justica no se afecta por la deliberación. Se anula esta independencia porque el ejecutivo la suprime como ha ocurrido en dictaduras electorales encabezadas por Venezuela. En nuestro País hay peligros por la manipulación del Ejecutivo, la presión de medios de comunicación, la avalancha de toma por la política o el temor de los integrantes de una rama del poder a retaliaciones de la otra.

Preocupa observar que en algunos tribunales se forman bloques políticos que deciden sobre muchos casos, más por afinidad política que por sano raciocinio jurídico.

Son necesarias más reformas para acelerar procedimientos. Mientras que en Chile el proceso para hacer valer un contrato demora 70 días, entre nosotros 154. Agilizar sin desjudicializar o trasladar competencias a instancias arbitrales o administrativas, con rigurosa supervisión cuando estén de por medio intereses del Estado, son opciones a examinar.

La justicia debe ser un servicio por vocación de vida, por carrera, no un trampolín.

Tenemos el deber de estudiar y de proponer una muy sensata reforma a la justicia.

La Inversión

En los últimos diez años la inversión anual total en nuestra Patria pasó de 22 mil millones de dólares a 90 mil millones. La inversión doméstica ha representado entre el 83 y el 90% de este gran total. El salto no fue fortuito y tomó tiempo. Ahora, a consecuencia del actual Gobierno, resulta que los crecimientos en formación bruta de capital se han reducido del 17% del PIB, en 2011, al 3.5% estimado para este año.

Hay proyectos de inversión que expresan dudas por temor político al hecho de que el Gobierno negocia el futuro de sectores productivos con la terrorista Farc, investida de poder Constituyente para ser ratificado por referendo, coincidente con otras elecciones, y sin entrega de armas por parte del terrorismo.

Llevamos más de tres años de descuidos a sectores productivos como el agro y la industria. Las compensaciones a la revaluación se desmontaron porque el Gobierno simplemente las consideró corruptas. En el diálogo con el terrorismo han sido igualados los empresarios honestos del campo con narco-terroristas y despojadores de tierra.

En nuestros Talleres Democráticos ha surgido la propuesta de condonar deudas a pequeños productores del campo a condición de que cada año acrediten que han continuado produciendo.

Las nuevas normas tributarias han derogado incentivos a la inversión y la ley que permitía los contratos de estabilidad tributaria. Esto ha dado señales de falta de seriedad y de coherencia con el largo plazo.

Reiteramos nuestro pensamiento: para poder gravar la riqueza se necesita estimular y hacer crecer la inversión.

También la tributación ha afectado a las clases medias asalariadas y empresariales. Y ha puesto en peligro al Sena, el mejor instrumento para apoyar la revolución educativa y el emprendimiento.

Ya se siente el golpe al consumo de los hogares y a la inversión. Y no tardaremos en tener nuevamente dificultades fiscales.

Debemos pensar en estímulos a la inversión, no derogar el impuesto al patrimonio ni el 4 por mil, revisar las retenciones y las tarifas que afectan a la clase media y asegurar al Sena.

El 4 por mil no le ha hecho daño a la economía, se había permitido una deducción parcial de los contribuyentes. A través de cuentas de ahorro se había exceptuado, hasta determinado monto, a los sectores populares. Para que no afecte la penetración financiera o bancarización, es posible restringir el efectivo, aumentar y promover las transacciones electrónicas.

Preferible que gravar con IVA la canasta familiar es mantener el 4 por mil, cuyos ingresos podrían destinarse, con exclusividad, a la revolución educativa con el incremento del Fondo Emprender, al apoyo al sector agropecuario y a la transformación de la industria.

Varias economías del mundo han comprobado que los mayores potenciales de competitividad se encuentran en la agricultura y en la industria, actividades que deben ser apoyadas con total determinación. El tema no debe ser renegar de los tratados de comercio sino dinamizar a los sectores productivos. No olvidemos que los tratados de comercio remplazaron a la apertura unilateral.

El buen manejo de la economía, al cual se oponen la inseguridad, el desestímulo a la inversión y el derroche del gasto público, es imperativo para que se puedan mantener las bajas tasas de financiación que Colombia ha disfrutado. Al empezar nuestro Gobierno era necesario pagar tasas de interés de 600 o más puntos sobre los bonos del tesoro de los Estados Unidos, ahora entre 150 y 190 puntos.

Estas bajas tasas de interés y su causa, que es el manejo austero de una economía promotora de la inversión, son indispensables para poder bajar costos a la industria, por ejemplo, en tarifas de energía, y para actualizar la infraestructura.

La infraestructura se ha llenado de burocracia, parálisis y anuncios. Además del ministerio respectivo y el de Ambiente, los proyectos pasan por Invias, la Agencia de Concesiones, la de Licenciamiento, las corporaciones, etc. El Gobierno recibió una herencia de contratación honorable y ha sido incapaz de ejecutar con la excusa de que se ha dedicado a “ordenar la casa”.

Nuestro Gobierno empezó con las concesiones de primera generación en pleito, las finanzas públicas atrofiadas, la ingeniera sin maquinaria, sin proyectos y sin recursos. Estos obstáculos fueron superados y se plantó la semilla para una veloz ejecución, que esperamos del próximo Gobierno, con control político y seguimiento del Congreso.

Las consultas con comunidades son justas pero no deben seguir siendo paralizantes. Se requiere reglamentarlas para que surtan en un período determinado, con un órgano que acredite la buena fe y vocación consultiva del ejecutivo. Que concluido el tiempo sin acuerdo, pero con compromiso oficial equitativo, la obra pueda seguir adelante.

En el País no ha empezado una sola mina legal en los últimos años, pero hay una proliferación devastadora de la minería ilegal. Los mineros con tecnología están de partida, los informales desatendidos y narco-guerrillas y bandas criminales hacen su agosto con la promoción y cobro de extorsión a todo aquel que busca oro.

Este es un País verde que está obligado a respetar páramos, parques naturales, nacimientos de agua, zonas agropecuarias, y que al mismo tiempo no debe desaprovechar el interés de la inversión en alta tecnología minera.

Nuestro mayor compromiso en la política contra el calentamiento global es cuidar 600 mil kilómetros de selva virgen. Las comunidades que la habitan deben ser remuneradas por protegerla. Reclamamos a este Gobierno que desmontó el programa Familias Guarda Bosques, considerado por Naciones Unidas como un ejemplo para proteger el bosque contra la tala y la sustitución por la coca.

Este Gobierno ha disfrutado la confianza inversionista que heredó y la entregará erosionada. Los nuestros habrán de fortalecerla.

Cohesión Social

La historia de la humanidad enseña que la inversión y la cohesión social son variables mutuamente dependientes.

Las políticas de inversión se vuelven repugnantes al pueblo y efímeras en el tiempo de no estar acompañadas de avances sociales.

Las políticas sociales son insostenibles cuando se pretende adelantarlas con hostilidad a la empresa privada. Las misiones sociales de Venezuela están en entredicho porque la economía privada está en decadencia y buena parte de la estatal se encuentra en bancarrota. El hermano país pasó de deber alrededor de 34 mil millones de dólares a más de 200 mil millones. Mientras las reservas de Colombia han subido de 11 mil millones de dólares a más de 40 mil millones, en Venezuela han bajado de 60 mil millones a 22 mil millones, y se advierte que la suma líquida no alcanza los 900 millones de dólares. Han expropiado 4 millones de hectáreas pero tienen que importar más de 17 millones de toneladas de alimentos. Primero crearon escasez suntuaria y ahora los anaqueles carecen de lo básico.

La actual política social colombiana ha aumentado la publicidad y la burocracia y ha desacelerado los resultados. Mientras en el último año apenas salieron de la pobreza 152 mil personas, esta se incrementó en áreas rurales.

Nuestro Gobierno tuvo un gran avance en educación. Por primera vez hubo una ministra durante ocho años, sin que se hubiera tenido en cuenta su orientación política. No obstante, esos avances se quedan cortos al compararlos con las necesidades de hoy. Por eso, nuestros candidatos han propuesto la jornada única escolar, que por la carencia de infraestructura sería de avance gradual, pero empezaría con dos comidas diarias por estudiante y durante todo el año. Debemos dar el gran salto para que la totalidad de los bachilleres entren a la universidad o a una tecnología articulada con educación superior. Y acelerar los procesos para masificar las posibilidades de educación virtual, a distancia.

Si bien contamos con una población muy joven, 27 años en promedio, el desempleo juvenil oscila alrededor del 20%. Tengamos en cuenta que en España, entre 2007 y 2013, este indicador varió del 17 al 57%. Para enfrentar semejante reto proponemos dos elementos: que el País sostenga en el largo plazo una tasa de inversión no inferior al 30% del PIB; y, la integración entre la educación relevante con el emprendimiento y la debida financiación de los proyectos innovativos de jóvenes.

El Fondo Emprender de nuestro Gobierno fue una gran idea pero actualmente resulta pequeño. Hay que crecerlo por diez. Propondremos la cofinanciación a través del capital privado, temeroso a estos riesgos, obstáculo que podría removerse con un crédito tributario como seguro a los aportes particulares y la garantía de transparencia de un manejo compartido, público-privado, que evite desviaciones en la asignación de los recursos.

Es preferible mantener el 4 por mil, dedicar parte a estos propósitos educativos y de emprendimiento, que seguir aplazando la revolución del aprendizaje. Alguien ha dicho que “es mejor tener talento que mano de obra barata”.

Una consideración: diversos analistas coinciden en la necesidad de acelerar infraestructura y reformar la justicia como algunas de las condiciones de incremento de la productividad, sin embargo, se hace necesario aumentar el techo del crecimiento de la economía, que solamente se logra con educación y emprendimiento.

Pienso que la falta de recursos para la salud obligará a mantener la cotización de los empleadores, cuya derogatoria empezaría a ser efectiva en enero. Preocupa que el Gobierno y el Congreso, en lugar de depurar y mejorar las EPS, de impulsar aquellas de las Cajas de Compensación Familiar, las reduzca a cumplir una precaria tarea. Y con el pretexto del manejo oficial de los recursos, proponen crear un monstruo burocrático, Salud Mía, que después, bien difícil será desmontarlo. En su defecto podrían perfeccionar el Fosyga, cuenta estatal, que se maneja por concesionarios, y que con las EPS es el administrador oficial de los recursos.

Nuestros fondos de pensiones han sido un modelo, se constituyen en una garantía para los trabajadores afiliados y en una protección de ahorro doméstico contra las crisis internacionales de la economía. No obstante, estamos en frente de un reto enorme: ¿Cómo lograr que la otra mitad de los colombianos ocupados puedan construir reservas pensionales? Es menester masificar la ley de los beneficios permanentes de retiro para sectores pobres e informales. Tengamos presente que 10 millones de colombianos que laboran llegarán a la edad de retiro sin haber construido pensión, y de ellos 3 millones son y serán muy pobres y requerirán el apoyo del Estado.

Para masificar la ley de beneficios de retiro para los trabajadores sin pensión, apelemos al seguro micro, que el Estado lo pague parcialmente e invite al pequeño ahorro del ciudadano. Para financiarlo necesitamos recursos, podríamos pensar en una sobretasa a las comunicaciones, como la telefonía celular, a partir de ciertos niveles de facturación, dedicada a garantizarle pensión a los pobres. La tendencia al menor costo de las comunicaciones lo facilita y tenemos el antecedente de lo aprobado en nuestro Gobierno con destino al deporte, que tan buenos resultados ha generado.

La reforma pensional debe comenzar por el gravamen a las altas pensiones, incluidas las de los expresidentes de la República.

Para nosotros es fundamental una relación fraterna, cristiana, de mutuo beneficio entre empleadores y trabajadores. Reiteramos nuestra convicción en el sindicalismo empresarial o de participación, por oposición al meramente reivindicativo o político. Creemos que la figura del contrato sindical permite la participación del colectivo de los trabajadores en la empresa, que sean ellos quienes, a través de su organización, puedan contratar labores con la empresa y que tengan garantías como la de ser la primera opción ante necesidades de tercerización.

Se necesita la reivindicación de los trabajadores y el apoyo simultáneo a las empresas. En países de la región, donde los gobiernos han golpeado a las empresas, los beneficios para los trabajadores han terminado en su empobrecimiento.

Proponemos una prima de vivienda para los trabajadores del sector privado que los empleadores puedan restar de los impuestos liquidados. Los trabajadores y los empresarios son más eficientes en el manejo del dinero que el Estado. Esta prima fortalecería la construcción de vivienda, el mayor acceso a la propiedad y la generación de empleo. El Estado inicialmente tendría que hacer un esfuerzo que se constituiría en ahorro y freno del derroche. Sin embargo, en el mediano plazo, gracias al mayor crecimiento de la economía, percibiría mayor captación de impuestos.

Durante los Talleres Democráticos previos a esta Convención, al escuchar a los ciudadanos, el Senador Juan Carlos Vélez propuso que incorporemos a nuestra plataforma programática el aumento salarial de los profesores. Defenderemos esta propuesta con entusiasmo.

Nos ocuparemos también de promover el mejoramiento del ingreso de los policías de base, que reconozco como uno de los faltantes de nuestro Gobierno.

La destacada presencia de la mujer en nuestras listas al Congreso tiene muchos significados, uno de ellos, es nuestra obligación de explorar todas las decisiones necesarias para superar las secuelas de discriminación de nuestras compatriotas.

Estado austero, realizador, descentralizado, transparente

Necesitamos un Estado austero, realizador, descentralizado, transparente.

Es un mal ejemplo el crecimiento de las nóminas burocráticas en este Gobierno. De haber mantenido la austeridad, los gastos de funcionamiento no habrían crecido por encima de dos veces la inflación. Los ministros de Hacienda tratan de tapar el derroche con la afirmación de que el déficit se ha reducido, pero ocultan en cuánto lo recibió nuestro Gobierno y en cuánto lo redujo. Tampoco le dicen al público que su cuenta positiva está distorsionada por las inversiones no ejecutadas y las regalías acumuladas para utilizarlas en elecciones.

La bonanza del petróleo que puede revertirse es una alfombra que tapa la llaga del Estado derrochón. Un Estado realizador en lo social tiene que ser austero en el funcionamiento.

El Congreso como el Ejecutivo tienen que dar ejemplo de austeridad. Nos oponemos a la prima de reciente asignación al Congreso. Debemos insistir en la disminución de su tamaño como se propuso en el Referendo de 2003.

Más que distribuir regalías las despojaron a las regiones productoras. Las centralizaron en aras de la transparencia y las devuelven como regalos del Ejecutivo en época electoral.

Entre 2002 y 2012, las regalías anuales aumentaron de dos billones de pesos a diez y medio billones, cifra que ojalá no se revierta.

Creemos en la propuesta del Caribe, liderada por el doctor Eduardo Verano, de poner en marcha las regiones. Eso sí, con la condición que la decisión no implique nuevos costos burocráticos. Esta alternativa descentralista tiene una oportunidad excepcional en el incremento de regalías, que con pautas del Plan Nacional de Desarrollo, serían administradas por las regiones, en proyectos estratégicos y con compensaciones a los departamentos y municipios productores.

La participación discrecional de las regiones en el Presupuesto Nacional debe deshacerse de la insana práctica de los auxilios parlamentarios. Proponemos que los proyectos y cuantías se discutan en plenarias, de cara a la opinión, y que se provean de auditorías que eviten la desviación a campañas políticas.

La manguala entre el Ejecutivo y el Congreso, basada en partidas presupuestales, nombramientos y votos cautivos, garantiza que al Gobierno todo le sea aprobado, a su manera, no obstante que al final ambas ramas sufren de antipatía popular, que es la negación de la gobernabilidad de opinión.

Diálogo Popular Permanente

Tengo 61 años. Confieso a ustedes que he dedicado más de la mitad de mi vida al diálogo con mis compatriotas. Creo en el equilibrio entre la representación y la participación que rebasa el bello debate entre Jefferson y Madison. Durante ocho años mis compañeros y yo, llenos de afecto por los colombianos, los escuchamos y dialogamos con ellos. Era un diálogo reducido en promesas para no averiar la credibilidad, rico en búsqueda de opciones para afianzar la confianza en la eficacia de las instituciones. Al comienzo del Gobierno los ciudadanos acudían a presentar sus reclamos con sentimientos que transitaban entre la ira, el recelo, la desconfianza y la desazón. Ocho años después, seguían compareciendo a presentar sus quejas, los problemas no estaban resueltos, pero en la actitud mayoritaria había confianza en las instituciones. Necesitamos gobiernos y congresistas más preocupados por la confianza en nuestra democracia que por la aprobación personal de las encuestas o la manipulación electoral con referendos de paz espúrea.

Confieso a ustedes que duele ver al diálogo popular reducido a furtivas visitas, ampliamente difundidas y creadoras de paulatino desencanto en una comunidad que se siente utilizada para la foto, pero no escuchada. En ocasiones, como las recientes, los paros obligan al Gobierno a sentarse a la mesa con la oferta de sumas cuantiosas.

Se volvió a la vieja costumbre de lucirse en las noticias internacionales con el diálogo con los terroristas. Se cambió la espontánea interlocución con el pueblo por el diálogo con el terrorismo, condicionado por el chantaje de la mancha permanente de sangre.

Hace tres años el terrorismo estaba disminuido, rumbo a la desarticulación. La Nación tenía más aires de confianza en medio de la emulación democrática. El rumbo estaba marcado por los avances de la seguridad, la confianza de inversión y la cohesión social. De pronto todo cambió, después de las elecciones se desacreditó a la seguridad que combatía al crimen y al terrorismo. El Gobierno renegaba de ella presentándola como una guerra con contendientes legítimos que había que superar. Los terroristas pasaron a ser actores del conflicto, salieron de las madrigueras a los micrófonos, fungen como líderes políticos en La Habana, engañan con proclamas, mientras en Colombia asesinan, extorsionan y continúan como el mayor cartel de cocaína del universo. Y los soldados y policías pasaron de la estima del Gobierno anterior al calabozo y al abandono por parte de quienes aprovecharon sus victorias como fundamento electoral.

Quienes no han sufrido en las ciudades y campos de Colombia escriben con alabanza en los editoriales extranjeros que Colombia pasó del radicalismo militar de Uribe al diálogo actual. Ignoran que ETA, la agrupación terrorista española, se vio finalmente forzada a suspender actividades criminales porque Francia impidió su refugio. Aquí asistimos a la metamorfosis que de la noche a la mañana absolvió a la dictadura Chavista de ser cómplice del terrorismo y la consagró como la promotora de la paz de Colombia.

Ignoran muchos en el extranjero que nuestra política de seguridad, con valores democráticos, era desarticulación democrática del crimen, que estaba acompañada de la promoción de la economía y de los avances sociales, y que se realizaba con eficacia, con reinserción generosa pero sin impunidad ni elección política de responsables de atrocidades, y con programas sociales de consolidación para evitar el reclutamiento de los jóvenes.

El Gobierno tiene claridad en su cálculo político que condena al País a un rumbo confuso.

El dilema actual llevaría al Gobierno a entregarle el País al terrorismo para garantizar la reelección o dejar a la próxima administración la herencia de unos criminales revividos y envalentonados.

Advirtamos los engaños: nos pueden presentar los acuerdos de sometimiento al terrorismo como el gran logro de la paz y cautivar la aprobación popular; el terrorismo cínico no tiene inconveniente en pasar del asesinato en Tumaco al anuncio de una tregua electoral para ayudar a reelegir al Gobierno arrinconado. Y después vendría la incertidumbre, el desempeño mediocre, la creciente insatisfacción y la llegada al Castro-Chavismo.

Este Gobierno perdió la oportunidad de desmantelar la capacidad de los terroristas de cometer crímenes en Colombia, así los cabecillas hubieran permanecido un rato más en refugios externos, mientras se les capturaba. Nuestros compañeros la recuperarán.

Por eso estamos en pie de lucha, con las convicciones inalteradas, que es lo único que podemos ofrecer a Colombia. Tengamos cuidado que habrán de ofrecernos Gobiernos ilustres, permisivos del terrorismo, de conocidos resultados mediocres en seguridad, inversión y política social. En lugar de la debilidad y la tibieza en el comportamiento, que muchas veces esconden tras el discurso fuerte, debemos preferir la fortaleza que garantice desempeños sobresalientes.

Cuidado, que no continúe el engaño de hacer equivalente el narcoterrorismo criollo al apartheid de Sudáfrica, o a la minoría católica de Irlanda del Norte, o a las luchas insurgentes contra las dictaduras en Centro América y en el Cono Sur.

La acción del terrorismo en Colombia empezó con la propuesta del marxismo leninismo, incrementó la violencia, causó la aparición del paramilitarismo. Ambos terminaron cooptados por el narcotráfico. El País sufrió el agravamiento de los problemas sociales con el círculo perverso de más violencia, menos inversión, más pobreza, más violencia.

Contemos la otra versión de la historia: esta Patria ha sido democrática. Aún la alternación del Frente Nacional, que fue transitoria, registró que todas las tendencias de la política tuvieron acomodo, desde el Partido Comunista bajo las toldas del Movimiento Revolucionario Liberal, hasta el pensamiento del expresidente Laureano Gómez y del doctor Jorge Leyva.

Las narco-guerrillas han sido obstáculo a las soluciones sociales y no consecuencia de su ausencia.

Colombia ha ampliado su democracia sin depender de las imposiciones terroristas, cuya aquiescencia no hemos necesitado ni necesitaremos para el logro de nuestras soluciones.

Cuidado, que no continúe el engaño, los condenados del IRA ganaron excarcelación cuando habían ya purgado penas privativas de la libertad. Los responsables de atrocidades no han adquirido derechos de elegibilidad política.

Cuidado, que no continúe el engaño, la justicia transicional de Sudáfrica fue administrada por una comisión especial que impidió impunidad y un alto porcentaje de los sometidos fue llevado a la cárcel.

Convencionistas y compatriotas: Que este esfuerzo de ustedes, en Bogotá y en todas las regiones de Colombia, se constituya en un vehículo político para las nuevas generaciones.

Rindo mi homenaje a ustedes, a los líderes y a los votantes silenciosos que nos han apoyado durante tantos años, sin que los haya animado el halago personal que no ha existido, ni los haya detenido la amenaza, el atentado o el asesinato del activista amigo.

Rindo mi homenaje a los compatriotas, mayores y jóvenes que esculpen esta causa en los campos y poblados de Colombia.

Rindo mi homenaje a los compatriotas del Archipiélago de los ojos azules, que saben que la juridicidad internacional no se puede invocar para romper la soberanía de la Nación. No permitiremos que arrebaten un milímetro del mar de la Patria.

Desde este recinto saludamos a Luis Alfredo Ramos; sabemos que su vida es ajena a alianzas con criminales.

Jamás resignaremos la solidaridad con nuestros compañeros perseguidos por la infamia.

Saludamos a los candidatos, doctores Carlos Holmes Trujillo, Francisco Santos y Oscar Iván Zuluaga, que han hecho este gran ejercicio de construcción política en el diálogo intenso con los ciudadanos.

Nuestra gratitud a Juan Carlos Vélez, esperamos a Juan Lozano, a Miguel Gómez y a quienes como ellos se identifican y laboran con nosotros en común causa.

Nuestra gratitud al Comité Político, al Tribunal de Garantías encabezado por el doctor Fabio Echeverri Correa.

Un sentido saludo a Luis Carlos Restrepo, héroe en el exilio, extraño ser superior, que practica la difícil mezcla entre el humanismo y el rigor para que los criminales se desmovilicen, la sociedad los reciba con generosidad, pero sin impunidad. 

Cuando algún compatriota me reclama por algo que faltó a nuestro Gobierno, debo aceptar, faltaron muchos logros. Invoco la excusa del padre de familia que siempre quiere que los hijos sean mejores aunque él no lo haya sido tanto, de idéntica manera queremos que la Patria supere lo poco bueno que dejamos, pero que recupere el rumbo marcado por los electores y que los elegidos dejaron expósito.

Cuando algún compatriota me señala un error, debo reflexionar para darle la razón o argumentarle la sinrazón. También cometidos errores, no es fácil reconocerlo cuando se está en la efervescencia de la lucha. El acordeonero no advierte su error que el público sí le observa al escucharlo y verlo en Valledupar.

En aquello que no hemos fallado es en amor a Colombia, en entrega y en la prueba de las convicciones. Hemos aprendido, queremos mejorar.



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